EL NORTE

Los agentes forestales de España, reunidos durante este fin de semana en el Centro de Educación Ambiental (CENEAM) de Valsaín han expresado su apoyo a sus compañeros de Madrid en su litigio contra la ley de la comunidad madrileña que les prohíbe ejercer su labor en terrenos forestales de propiedad particular, salvo autorización judicial.

Dicha prohibición es considerada un claro gesto de intromisión en la labor que como agentes de la autoridad y policía judicial desarrollan los agentes forestales en el medio ambiente madrileño y ha sido recurrida por el Gobierno de la Nación al Tribunal Constitucional, que ha admitido a trámite el recurso y ha dejado en suspenso la norma del Ejecutivo madrileño que preside Esperanza Aguirre.

A la asamblea de la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (AEAFMA) celebrada en Valsaín han acudido representantes de prácticamente todas las comunidades autónomas. Esta organización es la más importante del país entre los agentes forestales ya que suma en todo el territorio español unos cinco mil hombres y mujeres que diariamente se ocupan de defender y vigilar el territorio medioambiental.

En opinión de esta organización, el Gobierno de Madrid «ha intentado destrozar la modificación de la Ley Básica de Montes, que en el año 2006 aprobó el Parlamento de España, y que garantiza jurídicamente el papel de los agentes forestales y medioambientales como agentes de la autoridad y policía judicial en sentido genérico, lo que supone un claro gesto contra la protección del medio ambiente y los intereses generales». Por eso, AEAFMA solicitará una entrevista con el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, y con la presidenta Madrid, «con el objetivo de mediar en el conflicto y para una rápida solución del problema que va en contra del medio ambiente».

Fiscalía

La asamblea también valoró positivamente el trabajo del Fiscal de Sala de Medio Ambiente, Antonio Vercher, y de la red de fiscales ambientales, así como el trabajo cada vez más importante e intenso en colaboración con la Administración de Justicia para el esclarecimiento de los delitos medioambientales.